viernes, 17 de mayo de 2013
mineria ilegal
mineria ilegal
1. Carbón, una industria que no despega en la zona de Boyacá
Cada año, el departamento produce 3,5 millones de toneladas. Minería ilegal, el gran problema.
Pese a que la minería del carbón generó el año pasado un movimiento económico cercano a los 380.000 millones de pesos en Boyacá, esta industria sigue manejándose de forma artesanal. En Boyacá existen 600 títulos mineros para extracción de carbón y cerca de 3.000 bocaminas, entre legales e ilegales. Precisamente la falta de tecnología en las explotaciones carboníferas y la minería ilegal hacen que la industria del carbón en Boyacá sea un negocio incierto. Jaime Chiquillo, gerente operativo de la carbonera Sanoha, dice que la minería ilegal es una competencia desleal que amenaza la industria.“En Sanoha siempre le apuntamos a la sostenibilidad: si nosotros deterioramos el medio ambiente o dejamos que se destruya el núcleo familiar de los mineros, mañana no tendremos empresa”, asegura Chiquillo.
Mientras tanto, la minería ilegal no paga seguridad social, no invierte en tecnología, contamina el ambiente y no cumple con las mínimas normas de seguridad. Aunque en Boyacá existen algunas empresas mineras grandes, un gran porcentaje son microempresas familiares que extraen el carbón a pico y pala y utilizan viejos motores de carros para mover los malacates que sacan los coches con el mineral del fondo de los socavones.
Entre tanto, los pequeños mineros afirman que los intermediarios son los responsables de que el carbón no sea un negocio rentable para ellos. “No es justo que los principales proveedores de Gensa, empresa que maneja las termoeléctricas de Paipa, sean intermediarios, lo que obliga a que nosotros tengamos que venderles el carbón al precio que ellos digan”, manifiestan. En el último año han muerto más de 150.000 truchas en piscifactorías de los municipios de Socotá y Tasco.
Los piscicultores culpan de la mortandad de peces a las explotaciones de carbón. La más reciente mortandad acabó con 75.000 peces.
A VIGILAR LOS PÁRAMOS
Boyacá no es ajena a los problemas del otorgamiento de títulos mineros en zonas de reserva natural, especialmente páramos. Este año se han cerrado en Boyacá más de 300 boca- minas por no cumplir con normas vigentes”. Gran parte de las minas están en zona de montaña y las vías de va- rios municipios carboneros están deterioradas”.
PROYECTOS MINEROS
Riqueza, a la espera de un buen manejo Las reservas de la región son importantes y el Gobierno trabaja en desarrollar la ruta de salida del producto.
Según la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), las reservas de carbón en Boyacá, Cundinamarca y Santander ascienden a aproximadamente 2.000 millones de toneladas.
De estas reservas, cerca de 1.000 millones serían de carbón metalúrgico, bastante apetecido en la industria siderúrgica porque convertido en coque es materia prima esencial en la fabricación de acero.
Actualmente, entre el altiplano cundiboyacense y Santander producen al año cerca de nueve millones de toneladas de carbón. Alfonso Escobar Chaparro, director ejecutivo de Fenalcarbón, manifiesta que para aumentar la actual producción se necesita tecnificar la explotación. Pero aumentar la producción de carbón sólo resultaría rentable si se cuenta con un medio de transporte que pueda llevar un gran volumen de carga.
Por eso la Federación trabaja en una iniciativa para revivir el centenario proyecto del Ferrocarril del Carare.
Proyecto al que el Gobierno le ha puesto atención y busca sacarlo en los próximos meses a licitación pública.
El carbón metalúrgico es más costoso en el mercado.
un claro ejemplo de lo anterior es:
Minería ilegal está acabando con el agua de Tasco, Boyacá
En contra del alcalde de la localidad procede una
acción de cumplimiento, por no acatar la suspensión de títulos mineros y
licencias ambientales que determinaron Ingeominas y Corpoboyacá.
A 3 mil 900 metros de altura sobre el nivel del mar se encuentra el páramo de Pisba, con una extensión de 45 mil hectáreas incluidas en el parque Nacional Natural, donde los campesinos del municipio de Tasco, han iniciado una batalla jurídica, para que se prohíba la explotación ilegal de la minería, allí hay al menos 59 bocaminas que están acabando con el agua.
Pedro Abel Castañeda, representante legal del acueducto Chorro Blanco, vereda Santa Bárbara, informó que cerca de 7 mil 700 habitantes son los perjudicados. “Somos consientes de la importancia del agua y de la presencia de socavones en medio de una importante extensión de frailejones” dijo Castañeda.
Según testigos de la comunidad, todos los días salen unos 60 viajes de carbón en camiones de 12 toneladas, los cuales no pagan industria y comercio. La población reunida está dispuesta a tomar medidas de hecho para que se evite la explotación del mineral.
En contra del alcalde de la localidad, John Cristancho, procede una acción de cumplimiento, por no acatar la suspensión de títulos mineros y licencias ambientales que determinaron Ingeominas y la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpoboyacá.
PARA MAS INFORMACION PUEDEN VISITAR:
http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/eventos/2012/cim/documentos/prop_carbon.pdf
http://www.eltiempo.com/noticias/mineria-ilegal
miércoles, 15 de mayo de 2013
En Boyacá, minería de carbón sofoca las aguas
En Colombia las medidas de control sobre los vertimientos de la minería de carbón son deficientes. AFP
Contaminación en arroyos del municipio de Samacá. Fotos: Cortesía Sonia Carolina Pardo
Efluentes de minas de carbón.
, dic. 10 de 2011 - El análisis detallado de los afluentes del municipio de Samacá (Boyacá) demostró que los residuos de la extracción carbonífera de la zona son letales para el agua, pues aumentan sus niveles de acidez. Se estudiaron los efluentes de cinco minas legales y una ilegal. Los datos preocupan.
Hasta la primera mitad de los años 70, la participación de la extracción de carbón en la producción minera del país representaba el 11%, toda destinada a la demanda interna. Hoy Colombia es el cuarto exportador mundial detrás de Indonesia, Australia y Rusia, con una producción de 87 millones de toneladas en el 2011, 13 millones más que en el 2010, según Ingeominas.
La colosal y creciente oferta seduce al mercado fronterizo; empresas extranjeras como MPX Energia S.A., del billonario brasilero Eike Batista, anunció inversiones por 3.000 millones de dólares al 2015, para el desarrollo de sus minas de carbón, que generarían 3.000 empleos directos y 7.000 indirectos.
A pesar de los millonarios ingresos y fuentes de trabajo que generarían estas multinacionales a los campesinos de las regiones mineras, la explotación del combustible fósil destruye y contamina los suelos, los bosques y las fuentes de agua naturales con las que ellos mismos se abastecen.
Un buen ejemplo es la muerte de unas 30.000 truchas en enero de este año en el criadero Loren’s, en el municipio de Socotá (Boyacá), hecho que motivó una investigación del grupo de Toxicología Acuática de la Universidad Nacional de Colombia, ante la gravedad de la afectación.
El profesor Jaime Fernando González y la estudiante de pregrado Sonia Carolina Pardo, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, analizaron la composición química de efluentes (aguas procedentes de procesos industriales o mineros) y afluentes cercanos a centros de extracción en el municipio, apoyados por la Comunidad Fulbright.
La exploraciónCarolina tuvo que pasar inadvertida durante siete días, luego de transitar con cautela las inmediaciones de cinco minas legales y una ilegal. Con sigilo recolectó muestras de los desechos expulsados por las canteras y de agua de tres arroyos cercanos, así como del río Samacá, a tres kilómetros de la zona de mayor influencia de la actividad minera.
Las evidencias fueron analizadas en el Laboratorio de Toxicología Acuática, para determinar las características fisicoquímicas como pH, dureza, alcalinidad, nitritos, acidez total, sulfatos, cianuro, salinidad, sólidos disueltos totales (TDS) y conductividad. Los resultados preocupan desde el punto de vista ambiental para un buen número de las variables estudiadas.
Según el Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de calidad de agua potable, los valores de pH (potencial de hidrógeno) deberían estar comprendidos entre 6,5 y 9; sin embargo, el encontrado (entre 2,7 y 7,8) indica para la mayor parte de las muestras el efecto del drenaje ácido, característico de las explotaciones mineras.
El efecto es considerable si se tiene en cuenta que las muestras de los arroyos presentaron valores muy ácidos (uno 3,2 y dos 3,3), a pesar de su capacidad como cuerpo de agua de diluir el efluente que ingresa como contaminante de la minería.
Incluso, la muestra del río Samacá presentó un valor ácido no esperado para un cuerpo de agua de esta naturaleza (4,8). Solo el efluente de una mina legal tuvo un pH dentro del rango de agua potable (7,8); por el contrario, la mina ilegal tuvo el valor más ácido (2,7).
Aguas perturbadasPor otro lado, los valores de alcalinidad (que mide la capacidad para neutralizar ácidos) fueron bajos (menor a 17,1 miligramos por litro -mg/L-) para la mayoría de muestras (la de agua potable es de 100 mg/L), factor que puede obedecer a la absorción constante de carbonatos y bicarbonatos.
Entretanto, los valores de dureza están por encima de lo esperado para aguas naturales y entraron en la categoría de extremadamente duros (mayor a 300 mg/L de carbonato de calcio -CaCO3-). El profesor González dice que "la dureza del agua de río debe ser de 50 mg/L, máximo 60 mg/L, pero un río que alcance 300 mg/L es anormal". Los valores sugieren un exceso de calcio y magnesio y otros elementos similares provenientes de los efluentes mineros.
Tan solo la mina número tres (legal) tuvo un valor adecuado y similar al de aguas naturales no contaminadas; al contrario, la ilegal alcanzó la alarmante cifra de 9.640 mg/L, y las legales valores cercanos a 300 mg/L, no menos
preocupante.
Asimismo, los niveles de sulfato mostraron para todas las minas un rango inadecuado que refleja el efecto del drenaje ácido (alta concentración de ácido sulfúrico). En los TDS, salinidad y conductividad, muy interrelacionados, se demostró también la acción del impacto ambiental de los efluentes. "La alta conductividad de las muestras se debe a la cantidad de sales y otros sólidos que tiene el agua", explica el docente.
Un caso particular lo representa la muestra seis (proveniente de la mina ilegal) por carecer de los permisos para operación. Todas las variables están alteradas y es el caso más crítico de contaminación. La noticia positiva es que no se detectaron trazas de nitritos ni de cianuro en ninguna de las muestras; se debe a que estas son más usuales en ríos cercanos a extracción de oro.
En la mayoría de los casos, los indicadores de las muestras están dentro de rangos indeseables para los estándares de calidad de agua y muestran el efecto contaminante de la actividad, especialmente cuando no hay control sobre medidas de tratamiento o mitigación del efecto de los desechos de la minería de carbón. La investigación constata que no solamente las especies animales están en riesgo en los municipios mineros de Boyacá, sino también los seres humanos.
La colosal y creciente oferta seduce al mercado fronterizo; empresas extranjeras como MPX Energia S.A., del billonario brasilero Eike Batista, anunció inversiones por 3.000 millones de dólares al 2015, para el desarrollo de sus minas de carbón, que generarían 3.000 empleos directos y 7.000 indirectos.
A pesar de los millonarios ingresos y fuentes de trabajo que generarían estas multinacionales a los campesinos de las regiones mineras, la explotación del combustible fósil destruye y contamina los suelos, los bosques y las fuentes de agua naturales con las que ellos mismos se abastecen.
Un buen ejemplo es la muerte de unas 30.000 truchas en enero de este año en el criadero Loren’s, en el municipio de Socotá (Boyacá), hecho que motivó una investigación del grupo de Toxicología Acuática de la Universidad Nacional de Colombia, ante la gravedad de la afectación.
El profesor Jaime Fernando González y la estudiante de pregrado Sonia Carolina Pardo, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, analizaron la composición química de efluentes (aguas procedentes de procesos industriales o mineros) y afluentes cercanos a centros de extracción en el municipio, apoyados por la Comunidad Fulbright.
La exploraciónCarolina tuvo que pasar inadvertida durante siete días, luego de transitar con cautela las inmediaciones de cinco minas legales y una ilegal. Con sigilo recolectó muestras de los desechos expulsados por las canteras y de agua de tres arroyos cercanos, así como del río Samacá, a tres kilómetros de la zona de mayor influencia de la actividad minera.
Las evidencias fueron analizadas en el Laboratorio de Toxicología Acuática, para determinar las características fisicoquímicas como pH, dureza, alcalinidad, nitritos, acidez total, sulfatos, cianuro, salinidad, sólidos disueltos totales (TDS) y conductividad. Los resultados preocupan desde el punto de vista ambiental para un buen número de las variables estudiadas.
Según el Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de calidad de agua potable, los valores de pH (potencial de hidrógeno) deberían estar comprendidos entre 6,5 y 9; sin embargo, el encontrado (entre 2,7 y 7,8) indica para la mayor parte de las muestras el efecto del drenaje ácido, característico de las explotaciones mineras.
El efecto es considerable si se tiene en cuenta que las muestras de los arroyos presentaron valores muy ácidos (uno 3,2 y dos 3,3), a pesar de su capacidad como cuerpo de agua de diluir el efluente que ingresa como contaminante de la minería.
Incluso, la muestra del río Samacá presentó un valor ácido no esperado para un cuerpo de agua de esta naturaleza (4,8). Solo el efluente de una mina legal tuvo un pH dentro del rango de agua potable (7,8); por el contrario, la mina ilegal tuvo el valor más ácido (2,7).
Aguas perturbadasPor otro lado, los valores de alcalinidad (que mide la capacidad para neutralizar ácidos) fueron bajos (menor a 17,1 miligramos por litro -mg/L-) para la mayoría de muestras (la de agua potable es de 100 mg/L), factor que puede obedecer a la absorción constante de carbonatos y bicarbonatos.
Entretanto, los valores de dureza están por encima de lo esperado para aguas naturales y entraron en la categoría de extremadamente duros (mayor a 300 mg/L de carbonato de calcio -CaCO3-). El profesor González dice que "la dureza del agua de río debe ser de 50 mg/L, máximo 60 mg/L, pero un río que alcance 300 mg/L es anormal". Los valores sugieren un exceso de calcio y magnesio y otros elementos similares provenientes de los efluentes mineros.
Tan solo la mina número tres (legal) tuvo un valor adecuado y similar al de aguas naturales no contaminadas; al contrario, la ilegal alcanzó la alarmante cifra de 9.640 mg/L, y las legales valores cercanos a 300 mg/L, no menos
preocupante.
Asimismo, los niveles de sulfato mostraron para todas las minas un rango inadecuado que refleja el efecto del drenaje ácido (alta concentración de ácido sulfúrico). En los TDS, salinidad y conductividad, muy interrelacionados, se demostró también la acción del impacto ambiental de los efluentes. "La alta conductividad de las muestras se debe a la cantidad de sales y otros sólidos que tiene el agua", explica el docente.
Un caso particular lo representa la muestra seis (proveniente de la mina ilegal) por carecer de los permisos para operación. Todas las variables están alteradas y es el caso más crítico de contaminación. La noticia positiva es que no se detectaron trazas de nitritos ni de cianuro en ninguna de las muestras; se debe a que estas son más usuales en ríos cercanos a extracción de oro.
En la mayoría de los casos, los indicadores de las muestras están dentro de rangos indeseables para los estándares de calidad de agua y muestran el efecto contaminante de la actividad, especialmente cuando no hay control sobre medidas de tratamiento o mitigación del efecto de los desechos de la minería de carbón. La investigación constata que no solamente las especies animales están en riesgo en los municipios mineros de Boyacá, sino también los seres humanos.
Donde hay más minería también hay más pobreza y desnutrición infantil
El economista Juan Diego Calisto de la asociación CooperAcción con cifras en mano desnudó el mito de que mayor inversión minera es igual a desarrollo.
- Sin embargo, el economista señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado beneficiosa para impulsar el desarrollo en los departamentos con mayor presencia de esta actividad como Cajamarca, Ancash, Junín.
“Algunos ven la promoción de la minería responsable como un «atajo» para obtener recursos a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en educación e infraestructura, y por lo tanto «romper el círculo vicioso» de la pobreza”, dice Calisto.
Según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» las regiones mineras encabezan ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, siendo las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).
La inversión minera sigue creciendo
El ministerio de Energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería, informó que la inversión minera sumó un total de US$ 4,329 millones entre enero y julio del 2012.
Dicha inversión se viene incrementando en los últimos años. Contrariamente a lo que algunos anuncian como la disminución de la inversión por los conflictos sociales, como el de Conga, el panorama se aclara: la inversión minera continúa creciendo.
En el 2010, la minería aportó el 5,25 del PBI nacional, a diciembre del 2011 representa 24% de la inversión extranjero y el 60% de las exportaciones, en el 2011 su participación respecto al total de tributos es de 17,5%, y si nos focalizamos en el Impuesto a la Renta, fue de 33,3%.
El total de trabajadores ocupados en minería, tanto de los titulares mineros, como contratistas, representa aproximadamente el 1% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional.
La condena de la minería
Huancavelica tiene casi el 50% de su territorio concesionado a la minería (40.34%) y es uno de los departamentos con la tasa de pobreza más alta con el 77.2% y donde la cobertura al seguro de salud, según el INEI, no alcanza ni a la mitad de la población (47.6%).
Le sigue Cajamarca con el 44.37% de su territorio concesionado y donde aún el 17,1% de su población es analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas está conectado a una red pública de agua dentro de la vivienda.
El 36.1% de Ancash está concesionado, tiene una tasa de analfabetismo del 17,9%. En Apurímac, que tiene el 54.44% de su territorio concesionado, el 70.3% de la población es pobre.
Ayacucho tiene el 16,8% de su población sin ningún nivel educativo y la tasa de analfabetismo es de 17,9%, el porcentaje del territorio concesionado alcanza el 26.2%
Ineficiencia pública local, central y nacional
“El argumento más usado para justificar esta realidad es la ineficiencia de los gobiernos locales. Sin embargo, hasta el 31 de octubre de este año, el gobierno nacional ejecutó sólo el 66.9%, los gobiernos locales, el 56.1% y los gobiernos regionales, el 66.7%” señaló Calisto.
Al 26 de octubre de este año el Ministerio de la Producción ha ejecutado el 52.97% de su presupuesto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el 63.71%. El Ministerio del Interior espera para fin de año ejecutar tan solo el 55% del presupuesto de inversión. Vemos entonces que la ineficiencia es un problema nacional, y que empieza por el gobierno central”, concluye el economista.
La economía mundial y no los conflictos provocan caída de la inversión
Otro tema abordado por Juan Diego Calisto es la fácil acusación que se hace a los conflictos socioambientales de provocar el alejamiento de la inversión privada. Con este manido argumento se pretenden desvirtuar las verdaderas causas, entre éstas la caída en el precio de los minerales.
“Si bien los conflictos sociales pueden influir, no son la principal razón. Es necesario considerar las diversas causas, y no reducirlas a una sola”, indicó.
Para el 2013 se prevé que la minería invertirá USD$ 2000 millones menos de lo proyectado, lo que representa una contracción del 33% de lo proyectado.
Entre las razones de fondo de esta reducción se encuentra la caída en los precios de los metales de los últimos meses (con excepción del oro) y el contexto incierto y de crisis que se vive en grandes economías, como la china, estadounidense o la Zona Euro.
“El ejemplo australiano nos puede servir de guía para considerar al mencionado retraso de las inversiones como un efecto que se origina por varias causas: la caída de los precios de los metales, la desaceleración de China, el alto desempleo de EEUU (más de 8%), la crisis de la Zona Euro” señaló el especialista.
Australia se encuentra entre los cinco más grandes productores mineros del mundo. En este país las postergaciones o cancelaciones de proyectos mineros han aplazado importantes proyectos como la expansión de la mina de cobre Olympic Dam, que pertenece a BHP Billiton.
Esta empresa reportó una caída de un 35% en sus ganancias de la segunda mitad del año fiscal, explicada en gran parte por la desaceleración del crecimiento en la economía china. BHP reportó su primera caída anual de ganancias en tres años debido a crecientes costos, y a un declive en los precios de las materias primas.
¿Cuánto cuesta la contaminación minera y quién la paga?
Y dado que el debate en torno a las industrias extractivas se suele dar alrededor de indicadores económicos, es necesario considerar los costos que ocasionan las actividades mineras en el ambiente, señaló el economista Calisto.
En el estudio de Herrera y Millones (2011), se calculó el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos, que reporta US$ 814,7 millones en el 2008, y US$448,8 millones en el 2009, unos montos económicos nada despreciables.
El asunto se torna grave si se considera que la minería apenas emplea un 1% de la población económicamente activa (PEA) y no demuestra promover el desarrollo humano en los departamentos donde opera.
El Estado debe encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan un control eficiente sobre las actividades extractivas, de modo que se proteja el ambiente y se vele por la calidad de vida de las personas.
Los gobiernos regionales y locales, por su parte, deben de gestionar sus recursos, promoviendo el desarrollo con una estrategia integral, que aborde educación –básica y superior–, desarrollo productivo, salud y ejercicio de derechos”, concluyó Calisto.
- Sin embargo, el economista señala que hay más de un indicio de que la minería no ha resultado beneficiosa para impulsar el desarrollo en los departamentos con mayor presencia de esta actividad como Cajamarca, Ancash, Junín.
Según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» las regiones mineras encabezan ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, siendo las regiones con tasas de mayor nivel de desnutrición crónica infantil: Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).
La inversión minera sigue creciendo
El ministerio de Energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería, informó que la inversión minera sumó un total de US$ 4,329 millones entre enero y julio del 2012.
Dicha inversión se viene incrementando en los últimos años. Contrariamente a lo que algunos anuncian como la disminución de la inversión por los conflictos sociales, como el de Conga, el panorama se aclara: la inversión minera continúa creciendo.
En el 2010, la minería aportó el 5,25 del PBI nacional, a diciembre del 2011 representa 24% de la inversión extranjero y el 60% de las exportaciones, en el 2011 su participación respecto al total de tributos es de 17,5%, y si nos focalizamos en el Impuesto a la Renta, fue de 33,3%.
El total de trabajadores ocupados en minería, tanto de los titulares mineros, como contratistas, representa aproximadamente el 1% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional.
La condena de la minería
Huancavelica tiene casi el 50% de su territorio concesionado a la minería (40.34%) y es uno de los departamentos con la tasa de pobreza más alta con el 77.2% y donde la cobertura al seguro de salud, según el INEI, no alcanza ni a la mitad de la población (47.6%).
Le sigue Cajamarca con el 44.37% de su territorio concesionado y donde aún el 17,1% de su población es analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas está conectado a una red pública de agua dentro de la vivienda.
El 36.1% de Ancash está concesionado, tiene una tasa de analfabetismo del 17,9%. En Apurímac, que tiene el 54.44% de su territorio concesionado, el 70.3% de la población es pobre.
Ayacucho tiene el 16,8% de su población sin ningún nivel educativo y la tasa de analfabetismo es de 17,9%, el porcentaje del territorio concesionado alcanza el 26.2%
Ineficiencia pública local, central y nacional
“El argumento más usado para justificar esta realidad es la ineficiencia de los gobiernos locales. Sin embargo, hasta el 31 de octubre de este año, el gobierno nacional ejecutó sólo el 66.9%, los gobiernos locales, el 56.1% y los gobiernos regionales, el 66.7%” señaló Calisto.
Al 26 de octubre de este año el Ministerio de la Producción ha ejecutado el 52.97% de su presupuesto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el 63.71%. El Ministerio del Interior espera para fin de año ejecutar tan solo el 55% del presupuesto de inversión. Vemos entonces que la ineficiencia es un problema nacional, y que empieza por el gobierno central”, concluye el economista.
La economía mundial y no los conflictos provocan caída de la inversión
Otro tema abordado por Juan Diego Calisto es la fácil acusación que se hace a los conflictos socioambientales de provocar el alejamiento de la inversión privada. Con este manido argumento se pretenden desvirtuar las verdaderas causas, entre éstas la caída en el precio de los minerales.
“Si bien los conflictos sociales pueden influir, no son la principal razón. Es necesario considerar las diversas causas, y no reducirlas a una sola”, indicó.
Para el 2013 se prevé que la minería invertirá USD$ 2000 millones menos de lo proyectado, lo que representa una contracción del 33% de lo proyectado.
Entre las razones de fondo de esta reducción se encuentra la caída en los precios de los metales de los últimos meses (con excepción del oro) y el contexto incierto y de crisis que se vive en grandes economías, como la china, estadounidense o la Zona Euro.
“El ejemplo australiano nos puede servir de guía para considerar al mencionado retraso de las inversiones como un efecto que se origina por varias causas: la caída de los precios de los metales, la desaceleración de China, el alto desempleo de EEUU (más de 8%), la crisis de la Zona Euro” señaló el especialista.
Australia se encuentra entre los cinco más grandes productores mineros del mundo. En este país las postergaciones o cancelaciones de proyectos mineros han aplazado importantes proyectos como la expansión de la mina de cobre Olympic Dam, que pertenece a BHP Billiton.
Esta empresa reportó una caída de un 35% en sus ganancias de la segunda mitad del año fiscal, explicada en gran parte por la desaceleración del crecimiento en la economía china. BHP reportó su primera caída anual de ganancias en tres años debido a crecientes costos, y a un declive en los precios de las materias primas.
¿Cuánto cuesta la contaminación minera y quién la paga?
En el estudio de Herrera y Millones (2011), se calculó el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos, que reporta US$ 814,7 millones en el 2008, y US$448,8 millones en el 2009, unos montos económicos nada despreciables.
El asunto se torna grave si se considera que la minería apenas emplea un 1% de la población económicamente activa (PEA) y no demuestra promover el desarrollo humano en los departamentos donde opera.
El Estado debe encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan un control eficiente sobre las actividades extractivas, de modo que se proteja el ambiente y se vele por la calidad de vida de las personas.
Los gobiernos regionales y locales, por su parte, deben de gestionar sus recursos, promoviendo el desarrollo con una estrategia integral, que aborde educación –básica y superior–, desarrollo productivo, salud y ejercicio de derechos”, concluyó Calisto.
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